La mejor política industrial, existe.

 La mejor política industrial, existe (publicado en Política i Prosa)

Martí Parellada  y Héctor Santcovsky

 

España y Catalunya necesitan avanzar en el cambio estructural de la política industrial

El debate sobre la industria del presente y del futuro, y su capacidad para generar mejores niveles de bienestar, ocupación de calidad y fortaleza para generar innovación, cohesión social y territorial, y valor añadido se ha vuelto central en el debate de las políticas públicas. Lejos quedan las opiniones que la industria estaba extinguiéndose y la mejora política industrial era la que no existía.

El peso del sector en la economía es muy importante, ya que genera el 30% del PIB mundial si incluimos los servicios financieros e informáticos que conforman su perímetro. España está lejos de este porcentaje (16%) y Cataluña también (19%). Si ampliamos con los servicios dedicados principalmente a la industria (tecnológicos, informáticos, financieros, etc.) el porcentaje puede crecer respectivamente 3 puntos. Aun así, la brecha es notable y es perentorio superar esta situación.

La industria vive al albur de las grandes transformaciones que hoy en día se están dando en la sociedad, quizás aún más aceleradamente que otros campos, y en cualquier caso muy a la par de la ciencia con la que interactúa constantemente. Las causas de esta celeridad son diversas, pero no son ajenas a problemas emergentes como son los costes energéticos, la obtención de materias primas de aquello que se da por denominar “metales raros”, los conflictos geopolíticos y, muy especialmente, la soberanía tecnológica alrededor del componente principal de maquinarias de diverso tipo basados en microchips.

Esta compleja realidad no ha de llevarnos a una posición pesimista sino por el contrario ha de provocar una política proactiva y decidida. Un buen ejemplo es la actitud de China que ha sabido aprovecharse en los procesos de deslocalización de la capacidad tecnológica de occidente para renovar totalmente su sistema económico, y según “Statista”[1] conseguir que, hoy día, el peso de la industria en el PIB del país sea del 38,3%.

Si miramos lo que ha ocurrido durante los últimos años en el campo de la industria manufacturera nos encontramos con enormes factores disruptivos que pivotan alrededor del concepto de la industria 4.0, pero que están teniendo efectos importantes en algunos aspectos de la cadena de producción, particularmente en lo referido a la aplicación de la inteligencia artificial combinado con otros factores que han sido determinantes en la celeridad de los procesos productivos como la digitalización, la industria aditiva, la robotización o el internet de las cosas.

En el caso de la energía el factor se agrava por la disfunción que existe entre los ritmos que exigen los compromisos relacionados con el cambio climático y la implantación de las energías renovables y limpias tanto para el consumo general, como para la industria y la movilidad.  

Otro aspecto a tener en cuenta en esta última descripción de retos de la industria es la fuerte dependencia de estas situaciones de los vaivenes geopolíticos, siendo la crisis derivada de la guerra de Ucrania y de Oriente Medio un ejemplo representativo de la complejidad de los próximos tiempos. Según diversos estudios se espera que el impacto de la disrupción ya sea por tensiones geopolíticas, efectos del cambio climático, avances tecnológicos o vulnerabilidades de la cadena de suministro, aumente entre un 15 y un 25 por ciento en los próximos cinco años[2]. Además, el creciente protagonismo de China en la escena internacional lleva consigo un cuestionamiento creciente del liderazgo de EE. UU que constituye, sin duda, una tendencia de fondo que modifica las políticas industriales desarrolladas hasta el presente no solo en estos dos países sino en todo el mundo.

Este complejo escenario se resume en que la política industrial está llena de incertidumbres por lo tanto la primera conclusión a la cual debemos llegar es que el destino de la transformación industrial de un país como Cataluña también puede estar condicionada por factores que hoy en día están absolutamente lejanos de su capacidad autónoma de decisión. Pero a renglón seguido el corolario más evidente que delante de épocas inciertas lo que cabe son políticas decididas y contundentes.

Este hecho obliga a redoblar esfuerzos en determinados campos que hoy en día, como mínimo en Cataluña, no avanzan con el ritmo adecuado a las necesidades industriales como son el aumento de una cierta soberanía energética, la evolución de la fabricación de componentes para la fabricación de bienes de equipo, la investigación aplicada a la industria, las políticas de apoyo directas a la innovación y el acompañamiento integral a la modernización del tejido productivo que abarca desde las infraestructuras hasta la potenciación de la formación y la captación del talento adecuado a estos nuevos retos.

El Pacto Nacional por la Industria es una excelente herramienta de concertación impulsada por los agentes sociales y aprobada en su primera edición por unanimidad del Parlament de Catalunya, pero seguramente se necesitarían aún más recursos de los recogidos en el propio Pacto para avanzar más rápidamente en el caso de Catalunya.

 

La particularidad del caso europeo.

Europa vive un momento muy complejo ya que su papel no es suficientemente hegemónico en el campo de la industria, tal como para poder competir a largo plazo con China y USA en el mercado globalizado. Por otra parte, la industria europea no es homogénea en el conjunto de países en sus posicionamientos relativos a descarbonización, I+D+i, digitalización.

Los déficits principales de la política industrial europea los podemos circunscribir a 6 factores:  alto costo de la energía, fragmentación del mercado, falta en porcentajes importantes de capital humano adecuado a la transformación tecnológica, política de innovación no suficientemente financiada para los retos actuales, falta de materias primas especialmente de metales raros, y por descontado una legislación farragosa, compleja y excesiva que no responde adecuadamente  a las necesidades de la industria.

En ese contexto uno de los desafíos primordiales a los que se enfrenta tanto nuestro país como Europa es definir su posición frente a estas nuevas realidades. Un buen ejemplo de la necesidad de actualización de las políticas industriales a la realidad cambiante ha tenido que ver con el hecho que, en enero pasado, la Comisión Europea anunció la autorización de una ayuda del gobierno alemán de 902 millones de euros destinada a la empresa sueca Northvolt. Esta ayuda pretende establecer una fábrica de baterías para vehículos eléctricos, con la meta de facilitar la producción de entre 800.000 y un millón de estos vehículos. Más allá de la relevancia de esta medida, el anuncio encapsula muchos de los aspectos que caracterizan actualmente la política industrial de la UE y de sus estados miembros en el que el apoyo a las empresas, como la empleada en este caso, atentaba los principios de la libre competencia en el marco del mercado único.

Las razones de esta decisión hay que contextualizarlas dentro del Marco Temporal de Crisis y Transición. Inicialmente concebido para mitigar los impactos económicos derivados de la invasión rusa en Ucrania, marco que se ha ampliado para abarcar medidas de apoyo a sectores estratégicos en la transición hacia una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Un segundo aspecto relevante, estrechamente relacionado con lo anterior, es que las acciones emprendidas por la UE no son ajenas a las que llevan a cabo otros países, especialmente Estados Unidos y, en este caso, China en las últimas dos décadas. Esta subvención también puede interpretarse como una respuesta a la Ley de Reducción de la Inflación de la administración Biden, ya que busca que la empresa realice su inversión en USA, aprovechando los incentivos proporcionados por dicha ley.

En tercer lugar, estas decisiones están han de ser analizadas a la luz de la capacidad fiscal de los estados miembros de la UE. Una subvención de 700 millones de euros y una garantía de 202 millones para una sola operación no están al alcance de todos los estados miembros, lo que podría acentuar las disparidades entre ellos. Surge así un debate sobre si el considerable esfuerzo inversor requerido para hacer frente a los desafíos económicos europeos debería basarse en los presupuestos públicos nacionales o si debiera considerar la emisión de eurobonos u otros sistemas de financiación similares. Construir una política industrial europea equivalente a otras como la de cohesión o la agrícola, sería la mejor garantía para no depender de la capacidad fiscal de cada estado.

Por último, estas inversiones tienden a concentrarse en entornos capaces de proporcionar diversas externalidades a la inversión, ya sea en forma de mano de obra cualificada o altos niveles de innovación. La complejidad de las políticas públicas, en particular de la política industrial, no debe obstaculizar su desarrollo. Como señala Dani Rodrik en una entrevista reciente publicada en el Financial Times[3], la política industrial no es inherentemente más ineficiente ni más vulnerable a la captura de rentas por intereses privados o regulatoria que otras políticas, como las educativas, sanitarias o macroeconómicas. El desafío radica en minimizar los fracasos y expandir los casos de éxito en la implementación de la política industrial.

 

 

 

Los retos y oportunidades de una política industrial europea

 

Lo que se ha descrito previamente como los principales retos para el desarrollo de una política industrial europea acorde a las necesidades actuales exige diversos tipos de aproximaciones.

En primer lugar, cabe hacerse un replanteamiento de las políticas de reindustrialización para formular una estrategia común de la Unión. Este compromiso requiere, sobre todo, una actitud proactiva en materia de iniciativas políticas, de participación en joint ventures, de promoción de sectores estratégicos, de caminar objetivamente hacia un mercado único industrial.

En relación con los retos del cambio climático es necesario un fuerte apoyo público para garantizar los proyectos de descarbonización fundamentales, ya que la industria es responsable del 22% de las emisiones, lo que significa que el proceso de reindustrialización debe ir acompañado de una apuesta por la sostenibilidad, la economía verde y de nuevas economías, como la circular,  asociadas a la transición ecológica.

Cabe recordar que la directiva europea referida a la verificación de la sostenibilidad ambiental ya es de cumplimiento en las grandes empresas y tendrá repercusiones directas en el campo económico (Ley 11/2018, primer año de vigencia 2024 para empresas cotizadas y superiores a 500 empleados), tanto por el coste de los derechos de emisión imputables, como en la aplicación de los procesos de descarbonización y, especialmente, por la verificación de los cumplimientos de las normativas ya aplicables que pueden tener repercusiones financieras importantes ya que las entidades crediticias podrán requerir en sus estados financieros dichas verificaciones.

No obstante, este escenario brindará una oportunidad para desarrollar productos para estos procesos de descarbonización, tanto para la captura, como para el almacenamiento y la obtención de productos derivados.

En segundo lugar, ha de ser prioritario dar apoyo a las inversiones en investigación básica y aplicada y en infraestructuras para toda la cadena de valor, ya que no siempre se tiene la idea desde la Administración de lo que se necesita desde el tejido industrial. A la vez establecer claramente los retornos a la sociedad, en forma de recursos o de transferencia de tecnologías y patentes.

Todo este proceso se ha de realizar con un alto componente de innovación tecnológica, en el que la digitalización y todos los nuevos enfoques que se derivan de la aplicación de la industria 4.0 y la IA han de tener un papel relevante en la mejora de las condiciones de la industria de los próximos años.

Pero se ha de contar con la perspectiva de seguir apostando por los elementos de la transición hacia la industria 4.0 que llegue con suficiente celeridad a la micropime y a la PYME. La no incorporación de este tipo de empresa, mayoritaria en el tejido industrial, puede ser un problema relevante si no se impulsa su participación en los procesos de reindustrialización.

En ese sentido todo lo vinculado a las homologaciones y normativas deben superar muchos corsés burocráticos y deben ser más ágiles para su presentación y justificación. Cierto es que se debe tener muy presente los principios de transparencia, legalidad, y libre concurrencia, pero se debe pensar, especialmente desde la perspectiva de las PYME, en los tiempos de tramitación y obtención de ayudas. Y, con relación a las ayudas no todas han de ser subvenciones. Pueden ser de carácter fiscal, ambientales, vinculadas a la logística, a la comercialización, al posicionamiento, etc. y, todas ellas, sujetas a procesos de monitorización y evaluación. 

En tercer lugar, el papel del capital humano, del talento y de la formación es determinante en los próximos derroteros de la transformación industrial. La definición del papel de las personas trabajadoras ampliando los espacios de participación en las decisiones empresariales, fomentando el reciclaje y la adaptación a nuevos productos y realidades, potenciando la formación profesional dual y la mención dual de los grados universitarios, mejorando los salarios, ofreciendo nuevas oportunidades a sectores excluidos actualmente, aprovechando nuevos enfoques en la organización del trabajo y potenciando el papel de la mujer trabajando por la reducción de la brecha de género, serán determinantes en el éxito del proceso.

El gran reto radica en crear políticas industriales eficientes que eviten caer en la trampa de los laberintos burocráticos y de la captura de rentas por intereses privados, superando visiones estrechas y presiones de todo tipo y hacerlo con la máxima transparencia posible. Apoyar a los ganadores de la política industrial debe ir acompañado por políticas que tengan en cuenta, también, a los que salen perdiendo por la aplicación de dichas políticas. Es crucial trabajar hacia un modelo que promueva un crecimiento inclusivo, sostenible y que contribuya al bienestar colectivo, además de transitar hacia una economía descarbonizada.

 

 

 

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[1] https://www.statista.com/topics/5819/key-economic-indicators-of-china/#topicOverview

[2] “The great acceleration: CIO perspectives on generative AI,” MIT Technology Review, July 18, 2023.

 

[3] https://www.ft.com/content/34872d9a-3587-4b27-a01d-2905f8e23408