Perspectivas energéticas del 2024

Sería ingenuo no afirmar que el mundo vive un momento complejo en términos de las perspectivas energéticas. Lo que observamos es que en los últimos años diversos factores han provocado un aumento de las incertidumbres en relación con la capacidad que pueda tener hoy en día el conjunto de los países para poder alcanzar los acuerdos planteados en los acuerdos de París y que se han evidenciado, una vez más en la COP 28.

Algunos de los factores más significativos los podemos ligar a la crisis derivado de la guerra de Ucrania, a la inestabilidad actual de la crisis en el Mar Rojo, producto de una derivada del conflicto Israel-Palestina y de otros problemas que se generan a partir del aumento de la contaminación con sus efectos en el cambio climático y que están provocando, entre otros sucesos, significativas catástrofes meteorológicas.

Los factores que se derivan de esta situación guardan relación con la capacidad de suministro, con el precio de la energía, con los temas de la seguridad en el suministro y producción y transporte, y por descontado por el efecto sobre la política energética en cada país.

Esta situación está determinando en el cómo evolucionará el sector energético, como se acelerará la incorporación de las energías renovables, que grado de riesgos e incertidumbres generará este tipo de política, tan pendiente como interdependiente de fenómenos absolutamente ajenos a la estricta producción del vector correspondiente.

A estos factores habrá que sumar el cómo impactará sobre diversos sectores, ya que su efecto es muy diferente sobre la movilidad de mercancías y pasajeros que, en el vehículo privado, que no es idéntico al consumo doméstico y por descontado a la industria y los servicios. Y para muestra la compleja situación derivada de la COP 28, en el que hasta el último momento no estaba claro cuál iba a ser la actitud hacia los combustibles de origen fósil, ya que el poderoso lobby de la OPEP mantuvo una fuerte presión para evitar una referencia muy explícita a la reducción de la producción de los mismos.

Esta situación da lugar a múltiples escenarios, pero quizás lo más significativo de todo es en las dificultades de evitar el aumento de 1,5° antes de final de siglo y que cualquier superación de este límite podría tener efectos bastante nocivos para la evolución de los problemas relacionados con el calentamiento y el cambio climático.

No obstante, el mundo está avanzando hacia un futuro con cero emisiones netas, con un crecimiento récord en áreas como las ventas de vehículos eléctricos (VE) y las energías renovables.

Si bien es cierto que el crecimiento de las energías verdes es prácticamente imparable, pese a las constantes contradicciones que hay sobre si es más útil un modelo u otro o un vector energético u otro, o sobre la resistencia determinadas de colectivos a su implantación en algunos entornos por su impacto en la biodiversidad o por razones estéticas o paisajísticos, no cabe duda que es el único camino viable para combatir el cambio climático es otra política energética basada en nuevos sistemas de producción de la energía, cualquiera sea su finalidad.

Ahora bien, si bien su necesidad y avance es muy importante, el costo de las inversiones (si bien se han reducido en algunos vectores a casi un 90 % respecto hace 20 años) sigue existiendo una importante barrera porque realizar dichas inversiones ya que requiere fuerte ingresos de los sectores públicos y privados para poder garantizar su financiamiento, especialmente en materia de infraestructuras, tema que muchas veces aparece como soslayado del debate. Se habla, por ejemplo, de cargadores, pero nos olvidamos de como se ha de reforzar la línea eléctrica necesaria para sus instalaciones. Y así se podrían dar otros ejemplos.

Obviamente tampoco las empresas relacionadas con los hidrocarburos tienen un papel todo lo activo que habría de ser, más allá de sus propuestas comerciales y declaraciones de buenas intenciones, pero que se refleja en inversiones que no tienen la celeridad necesaria para avanzar rápidamente en el cambio de producción energética.

Un ejemplo concreto se está dando en la publicidad relacionada con los combustibles sintéticos de origen orgánico, sabiendo que hoy en día en la mayoría de los países no hay suficiente residuo para abastecer las necesidades que tienen por ejemplo el sector de la movilidad de carreteras de mercancías y de pasajeros. Lo mismo se podría decir del ecombustible derivado de fósiles que está por verse su grado de generación de GEI por un lado, y por otro los costes energéticos reales que tiene su producción.

Las apuestas por los modelos multimodales también son importantes, así como la incorporación de la pila de hidrógeno, pero aún el modelo del hidrógeno verde o las inversiones necesarias en materia ferroviaria, están lejos de cubrir las necesidades actuales para llegar a los objetivos marcados para el 2025, 2040 y 2050.

Las expectativas son que para 2040 se espera que la energía solar y eólica contribuyan juntas con la mayor parte de la combinación energética mundial.

Se necesitarán inversiones sustanciales para apoyar la construcción de energía renovable y proporcionar suficientes combustibles fósiles para complementar estas fuentes. Las hipótesis que se manejan es que las inversiones totales en energía aumenten de 1,5 billones de dólares en 2021 a entre 2 y 3,2 billones en 2040. Si bien esto representa un gran aumento, es probable que los niveles de inversión se mantengan estables en proporción al PIB, ya que tenemos el efecto inflacionario (aunque sea bajo). Quizás uno de los principales retos sea aumentar decididamente la participación en el PIB dedicado a la transición energética justa.

El interrogante actual reside en la capacidad de las cadenas de suministro para adaptarse a la transición energética. La falta de materiales, los obstáculos económicos, normativos y tecnológicos para la producción y la disponibilidad limitada de tierras son amenazas que podrían frenar el avance. Estos riesgos, y en muchos casos verdaderas incertidumbres, se evidencian en distintos niveles en todos los escenarios que permitan hacer una prognosis estratégica.

La transición energética ha experimentado un notable impulso, sin embargo, el trayecto por recorrer se encuentra plagado de incertidumbres como hemos mencionado, que van desde las tendencias tecnológicas hasta los riesgos geopolíticos y el comportamiento de los consumidores. Esta complejidad dificulta la formulación de estrategias de inversión resilientes que puedan adaptarse a múltiples escenarios. En consecuencia, para quienes toman decisiones, abordar simultáneamente diversos objetivos como la consecución de metas a largo plazo de descarbonización, combinado con las expectativas inmediatas de rentabilidad económica, sometido a los problemas de homologación normativa y de capacitación y con los condicionantes de contar con el talento  y los recursos necesarios para su desarrollo tecnológico, se torna cada vez más desafiante y exige una visión global del problema.

Las proyecciones consideran emisiones diversas de CO2, fundamentadas en suposiciones sobre las emisiones energéticas de la industria, la movilidad y las aglomeraciones urbanas – factor que muchas veces no entra suficientemente en el relato sobre los problemas de sus emisiones – a lo que habría de sumar las emisiones no energéticas de sectores como lo agropecuario, la silvicultura, los residuos. Para mantenerse dentro del presupuesto de carbono necesario para la trayectoria de 1,5 °C, sería imperativo lograr una reducción mucho más pronunciada de las emisiones, especialmente en los próximos diez años.

También se ha de ser consciente que cada una de las tipologías de combustible tendrán ritmos diferentes. Por ejemplo se espera que a partir del 2030 el uso de combustibles fósiles comience a reducirse, pero el gas, quizás con otros formatos como el biogás, se mantenga hasta 2040 con crecimiento constante, y que comenzará a inflexionar en el momento en que se haga más masiva la implantación de sistemas de almacenamiento de la energía, ya que con el ritmo actual de evolución de la eólica y la fotovoltaica, y si se cumplen otras previsiones como por ejemplo en el hidrógeno verde, probablemente puedan haber momentos de excedentes en la red que deberían ser conservados para otros procesos en diferidos momentos.

Mención aparte necesitaría el caso del petróleo, que como decíamos, seguiría creciendo hasta 2030 y luego disminuiría, pero los expertos dibujan diversos escenarios con diversos grados de optimismo.

La hipótesis de una reducción por caída del parque automovilístico por el modelo de movilidad – aumento del transporte público y privado compartido – así como el crecimiento del parque de vehículos eléctricos es una posibilidad, pero pendiente de muchas variables como las relacionadas con las energías renovables, el precio del vehículo eléctrico, las redes de carga, las políticas de estímulo, o la eficiencia de los vehículos. Y mención aparte requiere la reflexión sobre el transporte de mercaderías con sistemas pesados o de distribución urbana, o el transporte de pasajeros con diferencias entre el bus de barrio y la larga distancia. Lo mismo sucederá con la evolución del ferrocarril si será más eficiente su consumo energético a medio y largo plazo o la incorporación de modelos multimodales en el transporte de mercancías.

Obviamente será clave el aumento de las energías renovables que podría lograr una disminución del orden de 90% por ciento para 2050 en comparación con los niveles actuales, a pesar de que la demanda se duplique o incluso triplique, lo cual también nos indica en estas referencias el desconocimiento objetivo de los cambios que presenciaremos.

El otro gran tema está relacionado con la captura utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) podría reducir la carga sobre el desarrollo de las energías renovables, pero depende del panorama político y de la evolución futura de costes. Sin captura y disposición – sea cual fuere, secuestro o reutilización, temas en debate actual – los esfuerzos de transformación de las renovables serán contrarrestados por el aumento de las emisiones que no tienen tendencia a la disminución.

La previsión de disminución de la contaminación para 2050, si se aplican todas las medidas, es muy significativa. En el caso de la contaminación atmosférica, se estima que se podrían reducir las emisiones de gases contaminantes en un 80% o más, y en el caso del agua del 90%. En el caso de la contaminación del suelo, se estima que se podrían reducir los residuos sólidos en un 60% o más. Esto significaría que se generarían menos residuos y que los que se generarán y se gestionarían de forma más sostenible, reduciendo el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas.

En el caso concreto de España, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para ello, se han aprobado una serie de medidas, como la transición a las energías renovables, la eficiencia energética y la reducción de la dependencia del transporte privado. Si se cumplen estos objetivos, se estima que la contaminación en España se reducirá significativamente en 2050. En concreto, se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirán en un 90%, las emisiones de contaminantes atmosféricos en un 80% y los vertidos de contaminantes al agua en un 90%. Estas cifras son muy optimistas, pero son posibles si se implementan las medidas necesarias con la suficiente rapidez y eficacia.

Aunque existe un creciente impulso regulatorio hacia la descarbonización y la reducción de la demanda de combustibles fósiles, se estima que entre el 25% y el 40% de las inversiones en energía para el año 2040 seguirán siendo destinadas a combustibles fósiles y generación de energía convencional. Esto se debe a la necesidad de satisfacer la demanda energética, compensar las disminuciones en los campos de producción existentes y mantener un equilibrio en el sistema energético.

En contextos más avanzados desde el punto de vista progresista, el incremento de las inversiones en energía encuentra su contrapartida principal en la reducción del gasto operativo total asociado a combustibles convencionales como el carbón y el gas, destinando más recursos a las renovables para reducir la dependencia y favorecer la adopción de opciones más limpias y eficientes desde el punto de vista energético.

Pero políticas avanzadas no están exentos de problemas graves, de los que destacaremos algunos como los más importantes como pueden ser las limitaciones en la disponibilidad de espacio para la infraestructura de producción y distribución de la energía renovable – para ejemplo el debate en Catalunya sobre la línea que ha de venir de Aragón - la capacidad de fabricación de los materiales, la asequibilidad para el futuro productor, la voluntad de inversión, el soporte del Estado, especialmente cuando ha de transferir recursos al consumidor – la política del plan MOVES es un claro ejemplo de política no efectiva – etc.

Y la experimentación de nuevos vectores y combustibles aun tienen serias dificultades de financiación porque sus costes de producción son muy superiores a los actuales “competidores”, los combustibles de origen fósil y los generadores de energía a partir de los hidrocarburos. En todo caso es un debate que requiere una aceleración objetiva con recursos del Estado y las autonomías en forma de subvenciones o fiscalidad, para poder desarrollarse en tiempo y forma a los requerimientos necesarios. En ese contexto cuando se habla de lo costoso de los procesos e inversiones quizás ha llegado la hora de hacer un análisis coste beneficio real y ver cuáles son los costes de la no inversión en términos sanitarios, por poner un ejemplo, que nos llevaría a más de una sorpresa. El hidrógeno verde, los ecombustibles, los biogases, las renovables requieren soporte si no, no serán viables, ni para la industria, ni para el medio urbano, ni para la movilidad.

En este sentido no se ha de olvidar que uno de los caminos tiene que ver con la producción y consumo de proximidad. Aquí se topará con intereses de las grandes productoras y en ese sentido el Estado ha de promocionar mucho más comunidades energéticas y proyectos de producción y distribución comunitaria. Ese será otro de los grandes retos de los próximos años.

Finalmente toca a las administraciones y los agentes sociales y económicos trabajar en estrategias de transición energética justa que pueden trabajar ahora para dar forma a programas innovadores que tengan en cuenta la incertidumbre y sean consistentes en prever la diversidad de escenarios futuros en un contexto mundial marcado por la evolución geopolítica, preservando un modelo sostenible descarbonizado, pero que garantice el suministro y la competitividad industrial.

En ese contexto es determinante un liderazgo proactivo, muy atento a la evolución de un entorno marcado por tantas incertidumbres, riesgos y amenazas como oportunidades mirando al desarrollo de las energías renovables como a las tecnologías de descarbonización, factores primordiales que necesitan una visión comprometida con una estrategia que garantice una transición justa, solidaria, comprometida con los retos actuales y asuma la responsabilidad que requiere el futuro de la humanidad.